Estoy inquietamente sorprendido por el desinterés generalizado que se ha producido a nivel institucional por este crimen que sigue sin resolverse. Me sorprende que todo el mundo se haya olvidado de la muerte de los siete agentes en un país en el que se hace homenajes y recordatorios cada dos por tres y muchas veces por razones superfluas o retorcidas.
Llevo desde abril de 2004 informando de este caso en diferentes medios de comunicación con muchas dificultades e incluso presiones (he recibido recados del CNI a través de intermediarios) especialmente desde que me enteré en Bagdad de la detención en Base España de Diwaniya del traductor Flayeh al Mayali, un hombre estrechamente relacionado con decenas de periodistas con los que trabajó durante parte de 2002 y 2003.
En febrero de 2005 publiqué una entrevista exclusiva con Al Mayali dos días después de que saliese de cárceles estadounidenses iraquíes cuyos nombres ponen los pelos de punta.
En la entrevista aseguraba que recibió un trato inhumano y degradante en Diwaniya (si es cierto lo que dice que le hicieron, la palabra exacta podría ser tortura) durante cuatro días por parte de militares españoles (al parecer pertenecientes al CNI).
Fue golpeado en innumerables ocasiones, insultado de forma reiterativa, pasó la mayor parte del tiempo con la cabeza metida en una capucha de tela (similar a la que se utilizó de forma generalizada en Abu Graib) y tuvo que dormir en el suelo. Por supuesto no tuvo derecho a asistencia letrada a pesar de que la exigió varias veces.
Al final del interrogatorio fue trasladado a la cárcel de Abu Graib acusado de “colaborador necesario” en el atentado. Después de once meses de encarcelamiento fue liberado sin cargos en febrero de 2005 por una comisión formada por militares y abogados estadounidenses e iraquíes.
Durante su encarcelamiento hice gestiones personales en el Ministerio de Defensa español (incluida una carta del 14 de mayo de 2004 a Roberto López, jefe del gabinete), pero me fue imposible conseguir que alguien se preocupara por este caso.
Después de la entrevista con Al Mayali me puse en contacto con el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu (febrero de 2005), que mostró un desinterés absoluto por el caso a pesar de que él mismo había abierto una investigación sobre el asesinato de los siete agentes y había decretado un sobreseimiento temporal aunque en su auto escribió que estaba dispuesto a reabrir el caso si se producían nuevos antecedentes.
Creo que “un colaborador necesario” es una categoría lo suficiente importante para tomarle declaración o incluso provocar la reapertura del caso. Lo único que me confirmó el juez Andreu es que el Ministerio de Defensa no le había informado de la detención de Flayeh al Mayali. Pero los jueces pueden informarse por la prensa y después pedir información o incluso juzgar por desacato o interferencia a la justicia.
Ante la actitud del juez me puse en contacto con miembros de diferentes partidos políticos en el Congreso de los Diputados para que abriesen una investigación.
Amnistía Internacional utilizo documentos que yo había conseguido en Irak para solicitar información al gobierno sobre el caso Flayeh al Mayali y otros casos de tratos inhumanos y degradantes que podrían haber ocurrido en Base España.
También en 2005 (2 de marzo de 2005) hice llegar un dossier al presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero con todos mis artículos publicados, incluida la entrevista con Flayeh al Mayali, que apareció en Heraldo de Aragón, La Vanguardia y la cadena Ser, medios para los que habitualmente trabajo.
En él le adjuntaba las cartas que había enviado a Defensa y le recordaba que España podría haber violado varios artículos de la Convención de Ginebra que protegen a los prisioneros de guerra. Sé con total seguridad que el presidente leyó el informe durante un viaje de regreso de Zaragoza a Madrid, pero nada cambió.
En 2006 tuve que desmentir públicamente al general Félix Sanz Roldán, entonces jefe del Estado Mayor de la Defensa, durante un seminario, cuando dijo que “nadie podía acusar a ningún soldado español de haber realizado un acto ilegal en alguna de las misiones españolas en el extranjero”.
Después de escuchar mi argumentación el general dijo públicamente que los miembros del CNI no dependían de su Ministerio sino de presidencia del gobierno. En todo caso los hechos habían ocurrido en un cuartel español.
En la posterior cena (estaba en el seminario como ponente) estuvimos hablando del tema y le pedí que se interesara por el caso. Me pidió que le mandase toda la información que yo tenía, algo que hice en agosto de 2006. Sus ayudantes me confirmaron la recepción del dossier (también le mandé mi libro Vidas Minadas como regalo personal), pero nada cambió.
El 16 de agosto de 2007 envié al Fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, un nuevo dossier con toda la información recogida y publicada sobre este caso, pero tampoco he recibido respuesta.
El CNI dijo a un conocido diario estatal en noviembre de 2004 (publicado el domingo 28 de noviembre, un año después del brutal atentado) que Flayeh al Mayali “manejaba grandes sumas de dinero incierto” y de que “se habría jactado ante varias personas de su intervención en la muerte de los agentes”.
La primera razón es simplemente una gran mentira fácilmente rechazable: existen en mi poder más de una docena de contratos entre Flayeh al Mayali y el Ejército español por un costo de 300.000 dólares que le garantizó al traductor unos buenos beneficios económicos. Sobre la segunda declaración no he encontrado un solo testimonio ni en Irak ni en mis entrevistas con oficiales y soldados españoles que estuvieron en aquel tiempo en Diwaniya en esa línea.
Quiero que sepáis que el comandante Alberto Martínez, jefe del CNI en Irak, asesinado en la emboscada, era íntimo amigo de Flayeh al Mayali desde hacía años. La relación entre ambos hombres hizo que Al Mayali dejase de trabajar con periodistas españoles en octubre de 2003 y comenzase a trabajar con el ejército español.
He escrito que Al Mayali ayudó a buscar información sobre el atentado al CNI por petición propia de la institución ya que conocían la relación de complicidad que mantenía con Martínez.
Cualquier persona interesada en el seguimiento de este caso puede encontrar todos los artículos en Internet. Poned Flayeh al Mayali y CNI y aparecen.
Gervasio Sánchez
Llevo desde abril de 2004 informando de este caso en diferentes medios de comunicación con muchas dificultades e incluso presiones (he recibido recados del CNI a través de intermediarios) especialmente desde que me enteré en Bagdad de la detención en Base España de Diwaniya del traductor Flayeh al Mayali, un hombre estrechamente relacionado con decenas de periodistas con los que trabajó durante parte de 2002 y 2003.
En febrero de 2005 publiqué una entrevista exclusiva con Al Mayali dos días después de que saliese de cárceles estadounidenses iraquíes cuyos nombres ponen los pelos de punta.
En la entrevista aseguraba que recibió un trato inhumano y degradante en Diwaniya (si es cierto lo que dice que le hicieron, la palabra exacta podría ser tortura) durante cuatro días por parte de militares españoles (al parecer pertenecientes al CNI).
Fue golpeado en innumerables ocasiones, insultado de forma reiterativa, pasó la mayor parte del tiempo con la cabeza metida en una capucha de tela (similar a la que se utilizó de forma generalizada en Abu Graib) y tuvo que dormir en el suelo. Por supuesto no tuvo derecho a asistencia letrada a pesar de que la exigió varias veces.
Al final del interrogatorio fue trasladado a la cárcel de Abu Graib acusado de “colaborador necesario” en el atentado. Después de once meses de encarcelamiento fue liberado sin cargos en febrero de 2005 por una comisión formada por militares y abogados estadounidenses e iraquíes.
Durante su encarcelamiento hice gestiones personales en el Ministerio de Defensa español (incluida una carta del 14 de mayo de 2004 a Roberto López, jefe del gabinete), pero me fue imposible conseguir que alguien se preocupara por este caso.
Después de la entrevista con Al Mayali me puse en contacto con el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu (febrero de 2005), que mostró un desinterés absoluto por el caso a pesar de que él mismo había abierto una investigación sobre el asesinato de los siete agentes y había decretado un sobreseimiento temporal aunque en su auto escribió que estaba dispuesto a reabrir el caso si se producían nuevos antecedentes.
Creo que “un colaborador necesario” es una categoría lo suficiente importante para tomarle declaración o incluso provocar la reapertura del caso. Lo único que me confirmó el juez Andreu es que el Ministerio de Defensa no le había informado de la detención de Flayeh al Mayali. Pero los jueces pueden informarse por la prensa y después pedir información o incluso juzgar por desacato o interferencia a la justicia.
Ante la actitud del juez me puse en contacto con miembros de diferentes partidos políticos en el Congreso de los Diputados para que abriesen una investigación.
Amnistía Internacional utilizo documentos que yo había conseguido en Irak para solicitar información al gobierno sobre el caso Flayeh al Mayali y otros casos de tratos inhumanos y degradantes que podrían haber ocurrido en Base España.
También en 2005 (2 de marzo de 2005) hice llegar un dossier al presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero con todos mis artículos publicados, incluida la entrevista con Flayeh al Mayali, que apareció en Heraldo de Aragón, La Vanguardia y la cadena Ser, medios para los que habitualmente trabajo.
En él le adjuntaba las cartas que había enviado a Defensa y le recordaba que España podría haber violado varios artículos de la Convención de Ginebra que protegen a los prisioneros de guerra. Sé con total seguridad que el presidente leyó el informe durante un viaje de regreso de Zaragoza a Madrid, pero nada cambió.
En 2006 tuve que desmentir públicamente al general Félix Sanz Roldán, entonces jefe del Estado Mayor de la Defensa, durante un seminario, cuando dijo que “nadie podía acusar a ningún soldado español de haber realizado un acto ilegal en alguna de las misiones españolas en el extranjero”.
Después de escuchar mi argumentación el general dijo públicamente que los miembros del CNI no dependían de su Ministerio sino de presidencia del gobierno. En todo caso los hechos habían ocurrido en un cuartel español.
En la posterior cena (estaba en el seminario como ponente) estuvimos hablando del tema y le pedí que se interesara por el caso. Me pidió que le mandase toda la información que yo tenía, algo que hice en agosto de 2006. Sus ayudantes me confirmaron la recepción del dossier (también le mandé mi libro Vidas Minadas como regalo personal), pero nada cambió.
El 16 de agosto de 2007 envié al Fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, un nuevo dossier con toda la información recogida y publicada sobre este caso, pero tampoco he recibido respuesta.
El CNI dijo a un conocido diario estatal en noviembre de 2004 (publicado el domingo 28 de noviembre, un año después del brutal atentado) que Flayeh al Mayali “manejaba grandes sumas de dinero incierto” y de que “se habría jactado ante varias personas de su intervención en la muerte de los agentes”.
La primera razón es simplemente una gran mentira fácilmente rechazable: existen en mi poder más de una docena de contratos entre Flayeh al Mayali y el Ejército español por un costo de 300.000 dólares que le garantizó al traductor unos buenos beneficios económicos. Sobre la segunda declaración no he encontrado un solo testimonio ni en Irak ni en mis entrevistas con oficiales y soldados españoles que estuvieron en aquel tiempo en Diwaniya en esa línea.
Quiero que sepáis que el comandante Alberto Martínez, jefe del CNI en Irak, asesinado en la emboscada, era íntimo amigo de Flayeh al Mayali desde hacía años. La relación entre ambos hombres hizo que Al Mayali dejase de trabajar con periodistas españoles en octubre de 2003 y comenzase a trabajar con el ejército español.
He escrito que Al Mayali ayudó a buscar información sobre el atentado al CNI por petición propia de la institución ya que conocían la relación de complicidad que mantenía con Martínez.
Cualquier persona interesada en el seguimiento de este caso puede encontrar todos los artículos en Internet. Poned Flayeh al Mayali y CNI y aparecen.
Gervasio Sánchez
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